El precio de nuestro litio se establece en Nueva York y Pekín. Por Eugenio Arditi Ramos

No debemos olvidar que respondió Laura Richardson, jefa del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, cuando le preguntaron por qué es importante América Latina: “Es importante por todos sus ricos recursos…está el triángulo de litio, recurso necesario para la tecnología e hoy, el 60% de las reservas mundiales de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile…”.

Las declaraciones de la generala a cargo de un organismo que vela por los intereses norteamericanos en Latinoamérica son muy reveladoras, los países centrales siguen viendo nuestra región como un territorio a ser saqueado. No obstante, no carecemos de culpa, es evidente que los estadounidenses saben detectar nuestras riquezas y pensar cómo aprovecharlas mejor que nosotros mismos.

Si bien el número que dio la generala Richardson fue redondeado para arriba es cierto que la mayor parte de las reservas de litio mundiales se encuentran en nuestra región. En Bolivia, Argentina y Chile (en orden de reservas) puede encontrarse el 53% de las reservas mundiales de litio. Esto significa que junto con dos países aliados contamos con un recurso cuya demanda aumentara enormemente con el tiempo, pero aún no hemos logrado una regulación moderna para su extracción en el país ni se han comenzado preparativos para crear junto con nuestros vecinos una organización de países exportadores de litio. El motivo por el que necesitamos esto último es claro: no podemos permitir que el precio de lo extraído en nuestra región se imponga a miles de kilómetros de ella por quienes lo compran. Ningún supermercado permitirá a sus clientes elegir cuanto pagar por mi compra.

Se nos ha dado una oportunidad que no podemos dejar pasar, el mundo necesita los recursos de la región una vez más, pero esta vez debemos asegurarnos de obtener un beneficio. No podemos permitir que empresas extranjeras privadas se lleven nuestros recursos para que se industrialicen en otras regiones y luego se nos los vendan con valor agregado. Es necesario que podamos participar de todo el proceso industrial independientemente de si se fabrica un auto o solo la batería. Es necesaria una participación activa del Estado nacional a la hora de extraer el litio e incentivar la actividad industrial privada o pública nacional, la exportación de este recurso de gran valor debe ser controlada y debemos asegurarnos de dejar suficiente en el país para que sea aprovechada por nuestras propias empresas. Es además una oportunidad de industrializar y beneficiar a las provincias del norte que siempre han sido postergadas en beneficio de la pampa húmeda.

¿Cómo proceder?

Si bien la Constitución Nacional dicta que las provincias son dueñas originarias de los recursos minerales que se encuentran dentro de ellas, no incluye una regulación para la actividad minera y la capacidad del Estado Nacional para intervenir en ella. Esto, en cambio, se encuentra en el código de minería y la ley de inversiones mineras de 1993 que favorecen a la actividad privada con beneficios draconianos entre los que se cuentan la estabilidad tributaria por 30 años desde el comienzo de la explotación y la exigencia legal de tan solo 3% del valor declarado por la minera en boca de pozo descontando los costos (es decir que calculan cuanto corresponde pagar inclusive antes de ver cuánto obtienen en el mercado internacional) .

La ley vigente dicta además que si el Estado encuentra un yacimiento de litio se ve obligado a transferirlo al sector privado, no tiene posibilidad de explotarlo.

Dejar el 97% (cifra optimista por motivos ya explicados) del valor de recursos naturales que pertenecen a nuestras provincias y podrían beneficiar a toda la región es inaceptable.

No solo es necesario modificar la regulación minera para asegurarse de que la Nación se beneficie de los recursos que hay en nuestro propio suelo. Es vital asegurarse de que aquellas provincias que poseen las reservas de litio se vean beneficiadas también. Mientras no se incluya a Salta, Jujuy y Catamarca en el proyecto nacional seguirán oponiéndose a este y prefiriendo los beneficios de invitar empresas privadas a saquear sus riquezas.

Es necesario además incluir en una nueva regulación las garantías necesarias para asegurar la protección del medio ambiente que faltan en nuestra ley vigente. Las movilizaciones que están ocurriendo ahora mismo en Jujuy ilustran el impacto en el medio ambiente (y por tanto en la población) que tiene la mega minería, una vez más, debemos asegurar el beneficio nacional pero no a costa de los pueblos del norte.

Es por lo tanto necesario una modificación de la ley minera y posiblemente un nuevo proyecto de código minero que reemplace al viejo que ha quedado obsoleto. Deben revisarse los privilegios otorgados a las empresas privadas y debe retirarse la obligación del estado de transferir los yacimientos de litio a privados; a la vez deben incluirse leyes de protección ambiental, debe preparase un proyecto para la industrialización del litio y debe lograrse un acuerdo que beneficio al norte. El litio debe declarase recurso estratégico de modo que pueda concederse a empresas estatales.

Finalmente, es imperante que todo el litio que se exporte para ser industrializado en el extranjero, se exporte al precio que se fije por una nueva organización regional de países exportadores de litio, deben estrecharse los lazos políticos y económicos con Chile y Bolivia para evitar que las potencias imperialistas se apropien una vez más de la riqueza del Sur. El precio de venta se debe imponer en nuestra América y no en Nueva York o Pekín.