Sturzenegger y el ataque al corazón del modelo peronista: qué está en juego con la reforma laboral
El funcionario impulsa desarticular los convenios colectivos por actividad y transferir la negociación a cada empresa, una estrategia que debilitaría décadas de conquistas sindicales y fragmentaría el poder de los trabajadores organizados
La visita de Federico Sturzenegger a Madrid no fue una gira protocolar más. El funcionario del gobierno argentino aprovechó el escenario español para promocionar una reforma laboral que, leída desde la tradición peronista y el derecho colectivo del trabajo, representa uno de los intentos más profundos de transformar las relaciones laborales en Argentina desde la recuperación democrática.
El punto central de la propuesta de Sturzenegger es modificar la prelación de los convenios colectivos. Actualmente, Argentina funciona con un sistema donde los convenios por actividad, como los de metalúrgicos, comercio o construcción, establecen pisos mínimos que protegen a todos los trabajadores de un sector, independientemente de la empresa en la que trabajen. La “desarticulación” que propone el Gobierno implica pasar a un modelo de convenios por empresa, donde cada compañía negocia individualmente con sus trabajadores. En apariencia, esto suena a “modernización” o “adaptación a la realidad de cada empresa”, pero en la práctica significa algo muy diferente.
Los convenios por actividad surgieron de una lógica clara: un trabajador metalúrgico tiene más poder negociando junto a todos los metalúrgicos del país que negociando solo en su fábrica. Un sindicato que representa a cien mil trabajadores de un sector puede presionar por mejores condiciones. Ese mismo sindicato, fragmentado en negociaciones empresa por empresa, pierde capacidad de presión. Esta atomización es precisamente lo que busca la “desarticulación”: convertir la negociación colectiva en múltiples negociaciones individuales donde la correlación de fuerzas favorece sistemáticamente al empleador.
Desde 1945, el modelo argentino de relaciones laborales se construyó sobre tres pilares: sindicatos fuertes, negociación colectiva por rama de actividad y un Estado árbitro que garantizaba derechos mínimos. Este sistema permitió que lo conquistado en un lugar se extendiera a todo el sector. Cuando el sindicato metalúrgico negocia un aumento o una reducción de jornada, beneficia a todos los trabajadores del metal. Si cada empresa negocia por separado, una automotriz grande puede dar aumentos, pero un taller metalúrgico chico quedará rezagado. El piso común desaparece, y con él, décadas de conquistas que se construyeron justamente sobre la idea de que los derechos laborales no pueden depender del tamaño o la rentabilidad de cada empleador individual.
El discurso oficial habla de “modernización” y “adaptabilidad”, pero la experiencia internacional muestra que estos procesos derivan en contratos más inestables con mayor rotación y menores indemnizaciones, reducción de cargas sociales que afecta los aportes jubilatorios y la obra social, pérdida de derechos donde lo que antes era derecho adquirido se convierte en “beneficio negociable”, y debilitamiento de la protección contra despidos bajo el eufemismo de mayor “libertad” empresarial que en realidad significa menor estabilidad laboral para los trabajadores.
Un aspecto inquietante es que Sturzenegger esté “advirtiendo” y “promocionando” estas reformas desde España, sin que exista aún un proyecto de ley debatido en el Congreso. Esto plantea interrogantes sobre la estrategia del Ejecutivo: ¿se buscará una reforma por ley, con debate parlamentario, o se intentará avanzar por decreto y resoluciones administrativas? Dado que el oficialismo no tiene mayoría propia en el Congreso, la tentación del atajo normativo es evidente. El hecho de que el funcionario haya “evitado polemizar con Macri” durante su gira tampoco es casual. Mantener cohesionado el espacio anti-peronista es clave para avanzar con reformas estructurales que, históricamente, generaron resistencia social y fragmentación política.
La estrategia parece clara: construir un relato de “modernización necesaria” que unifique a sectores liberales y conservadores, presentando al sindicalismo como un obstáculo al “progreso” y no como un actor legítimo de la democracia. Más allá de tecnicismos jurídicos sobre convenios y prelaciones, lo que está en discusión es un modelo de país. La pregunta es si Argentina mantendrá un sistema donde los trabajadores tienen poder colectivo para negociar, o transitará hacia un modelo individualizado donde cada uno negocia solo frente a su empleador. Si los sindicatos seguirán siendo actores políticos relevantes o se convertirán en estructuras testimoniales. Si el Estado seguirá arbitrando entre capital y trabajo, o se retirará dejando que “el mercado decida”.
Desde la perspectiva del movimiento obrero y el peronismo histórico, lo que Sturzenegger promociona en Madrid no es una simple reforma administrativa. Es el intento de desmantelar siete décadas de construcción institucional que colocó a los trabajadores organizados como protagonistas del desarrollo nacional. La batalla que se avecina no será solo jurídica o parlamentaria. Será, fundamentalmente, una disputa sobre qué tipo de sociedad queremos construir: una donde el trabajo tiene derechos colectivos garantizados, o una donde cada trabajador negocia solo frente a su empleador, con todo lo que eso implica en términos de desigualdad de poder.
ARFL