Parcelar el país es condicionar su futuro. Por Horacio Paccazochi
La critica que también deben asumir los gobiernos peronistas del 2001 en adelante, aparte de dejar intacto el sistema financiero instaurado por Martínez de Hoz, durante la última dictadura cívico-militar, es no haber recuperado el Estado Nacional para si el control del territorio y sus riquezas, ya que con la Constitución de 1994 esta titularidad se traspasó a las provincias, debilitando el poder de negociación del mismo.
Tal vez allí se esconde el verdadero interés del ataque al Estado Nacional, que en el altar del “déficit 0” pretende, y lo está logrando, despojarlo de las herramientas institucionales para ejercer su dominio del territorio, sus riquezas y por ende su futuro.
La característica de las empresas de esta economía occidental finaciarizada es que no fabrican nada, son extractivistas, y solo lo hacen en condiciones como las que ofrece el RIGI de exenciones impositivas, libre repatriación de capitales, sobrefacturación de sus propias empresas fuera del país, servicios auxiliares traídos desde el exterior, etc.
Para ello necesitan estados provinciales sin muchos controles, urgidos por cobrar algún dinero para sus alicaídas arcas, y poder demostrar algún crecimiento del empleo aunque sea temporario.
actúan sobre reservas petroleras o mineras que garantizan que la inversión será siempre beneficiosa, generalmente sobre cuencas ya comprobadas de la existencia de esos activos que es la parte más difícil y menos redituable de la operación.
El ideal es una especie de “Emiratos Árabes”, comerciar por separado con cada gobierno, incluso según se escucha que formen su propio “fondo de inversión” y transformándose en “socios” del negocio.
Resultado de toda esta operatoria es que tendríamos “provincias ricas”, provincias “no favorecidas” por estos inversores, y un Estado Nacional decorativo y con cada vez menos poder.
Y aquí deberíamos recalcar cual es el papel fundamental del Estado que no es otro que el de nivelar la situación social y económica de la población en todo su territorio, ya sea en sus ingresos, educación, salud, relaciones laborales, etc., como de concentrar el poder negociador sea con otros Estados o capitales privados.
Es por ello que reivindicamos los postulados de la Constitución de 1949, derogada por un gobierno de facto, que declaraba los minerales, yacimientos de petróleo y fuentes de energía, excepto vegetales, como propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con una participación a convenir de las provincias, trasladando el dominio de la orbita provincial a la federal para consolidar la soberanía nacional y la industrialización.
No queremos como se nos acusa falazmente de dejar nuestras “riquezas enterradas”. Queremos que se utilicen para favorecer al país en su conjunto desde la Quiaca a la Antártida, desde la cordillera hasta nuestro Mar Austral.
El mundo esta ávido de estos recursos, se trata de negociarlos con soberanía y con una reinversión en la industrialización del país que es lo que nos puede quedar de respaldo.