LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

Por Roberto Bonetti*

En las sociedades antiguas, los esclavistas pagaban los costos de alimentación,
vivienda y salud de sus esclavos, lo que incluía la crianza de sus hijos, ya que
estos también eran considerados bienes de su propiedad. Nunca un esclavo fue
víctima de un usurero, ya que jurídicamente era considerado propiedad de su
amo. En todo caso el dueño era quien debía hacerse cargo del asunto.
Ante el endeudamiento generalizado que hoy angustia a las familias de nuestro
país con bancos, tarjetas de crédito, proveedores, propietarios y plataformas
digitales, el presidente Javier Milei sostuvo que al Estado Nacional no le
corresponde salir a apoyar a unos u otros, ya que se trata de un «acuerdo entre
privados». Y dijo:

«¿A nadie se le puso una pistola en la cabeza para endeudarse?»

Sobre el mismo tema, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, recordó:

«Yo le dije a los bancos: si estás prestando plata al 10 % mensual y los sueldos
crecen al 2 %, lo más probable es que esta gente no te pague».

El ministro —proveniente de las mesas de dinero— naturalmente piensa en el
problema de la rentabilidad del banco, no en el de «esta gente». Pero bien
sabemos que el negocio de la usura no es la cobranza, sino la perpetuación y el
aumento de la deuda.
La propuesta de la reforma laboral de Javier Milei para llevar la jornada de
trabajo a 12 horas por día, entre otras quitas de derechos, elimina incluso las
obligaciones materiales que el amo tenía respecto a sus esclavos. Mal podemos
llamar «modernización» a la iniciativa libertaria cuando estamos ante un brutal
retroceso histórico.
En la actualidad, miles de trabajadores informales superan ampliamente esa
jornada diaria. Hasta catorce, quince o más horas por día. De esto dan cuenta
los repartidores en bicicleta, en una ciudad donde hace años está prohibida la
tracción a sangre animal. Una medida loable en beneficio de los caballos de tiro
pero paradójica cuando se somete a los seres humanos a un trato similar.
En la película de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, los mensú (los
mensuales, en guaraní) trabajaban hasta 18 horas diarias en la Argentina de
1940, inmersos en la selva misionera. No eran esclavos desde el punto de vista
jurídico, pero la “flexibilización laboral” y la falta de derechos los llevaba al
agotamiento y, muchas veces, a la muerte. Cobraban su salario con vales que
cambiaban por alimentos en la proveeduría de la empresa. El endeudamiento
con el almacén del patrón los sometía a una condena que nunca terminaban de
saldar. En los yerbatales eran explotados hasta la extenuación y, al morir, sus
cuerpos eran arrojados al río Paraná. La película termina —perdón por contar
el final— con la esperanza de la organización sindical.
Hoy, con la inteligencia artificial y las plataformas de alta tecnología en pleno
siglo XXI, vemos cómo los jóvenes trabajadores se endeudan con las empresas
de aplicaciones (apps) y billeteras virtuales, cayendo en un sistema usurario
calcado al sistema que padecían los mensúes retratados por Hugo del Carril
hace ochenta años.
Sin salario fijo, seguro ni obra social, los muchachos en bicicleta dejan su vida
en las calles.
Para solucionar este problema, el diputado de La Cámpora, Itai Hagman,
propuso constituir un fondo que subsidie lo que no puede cubrir el deudor,
garantizando que la cuota a pagar no supere el 30 % de su ingreso.
Frente a esto, el profesor y pensador nacional Emanuel Bonforti señala la
falacia de dicha propuesta:

«¿Cómo puede una refinanciación doméstica, por buenos intereses
que tenga, resolver ese problema de fondo? No puede. Mañana,
pasado y el año que viene, los mismos salarios que no alcanzaron
volverán a no alcanzar. Los refinanciados de hoy serán los nuevos
morosos de 2027. El ciclo se repetirá. Los bancos ganarán. Las
familias seguirán endeudadas. La Argentina seguirá sumida en la
pobreza».

A pesar del avance histórico que supusieron la abolición de la esclavitud, la
Revolución Industrial y la actual revolución tecnológica —marcada por el
desarrollo de la robótica e inteligencia artificial—, el gobierno carece de
respuestas para combatir la pobreza y la desocupación. De hecho, distintos
economistas pronostican un inminente crecimiento en el desempleo.
El propio Poder Ejecutivo promueve conscientemente el cierre de empresas
industriales, a la espera de una reconversión laboral que no llega y en la que ya
nadie cree. La crisis no es culpa de la inteligencia artificial, sino de la
colonización pedagógica y mental. No es solo por el imperialismo, que hace lo
suyo, sino por los funcionarios cipayos que entregan nuestro capital y nuestros
recursos. La importación indiscriminada pone en jaque mate a los industriales y
deja en la calle a miles de trabajadores.
La fuga de dólares al exterior no se detiene. Al pago de las importaciones hay
que sumarle el sangrado permanente de la deuda externa. Mientras tanto,
viviendo en una realidad paralela, el presidente Javier Milei con una mueca
payasesca se burla de unos e insulta a otros.
La solución que proponen los multimillonarios anarcocapitalistas y fundadores
de empresas de IA —como Mark Zuckerberg, Sam Altman y Elon Musk— es
que el Estado le pague un estipendio a los desocupados o marginados del
sistema. Buscan profundizar el modelo de los países europeos, que otorgan
unos euros temporales al trabajador sin empleo; la idea de estos tecnócratas es
fijar un «sueldito» de por vida. Otro gran cerebro de esta línea es el millonario
Andrew Yang, exprecandidato a presidente por el Partido Demócrata en
Estados Unidos, quien propuso un pago mensual de mil dólares para cada
adulto.
Estos personajes no reparan en que un sistema de alta productividad
robotizado, pero sin trabajadores, colapsa inevitablemente por la ausencia de
consumidores.
Este modelo viene conformando una oligarquía tecnológica multimillonaria
que, para asegurarse su permanencia y parasitismo, necesita quitar del medio a
las mayorías que considera «descartables». Creen que la píldora del salario
básico universal bastará para mantener tranquilo a la multitud de excluidos.
Insólitamente la propuesta del progresismo y de los actuales gerentes de la
pobreza (o de la llamada «economía popular») es idéntica a la de los oligarcas
tecnológicos. Se trata de un parche para que la rueda siga girando. El
anteproyecto de ley de Salario Básico Universal de Máximo Kirchner y Juan
Grabois es puro gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie. Otro
candidato, Federico Winokur, del partido de izquierda MAS de la Ciudad de
Buenos Aires, propuso fijar un salario mínimo de dos millones de pesos. Ante
esto, uno se podría preguntar ingenuamente: ¿por qué dos millones en lugar
de tres?
En la Edad Media, varios ideólogos humanistas proponían paliar la
desocupación y la mendicidad con una limosna diaria para los desamparados.
Parece mentira que hayan pasado quinientos años y al progresismo no se le
haya ocurrido una mejor idea. Se trata de una propuesta más para la tribuna
que para una transformación objetiva de la realidad social.
Incluso los trabajadores asalariados, legalmente contratados, con obra social,
vacaciones y una supuesta estabilidad laboral, se debaten hoy contra sueldos
de hambre que no alcanzan para llevar el plato de comida a la mesa familiar. En
la actualidad, tener un empleo formal ya no evita caer bajo la línea de la
pobreza extrema.
Al ser despojados del poder adquisitivo de su salario, estos trabajadores son
empujados a la trampa del endeudamiento para poder subsistir.
El recibo de sueldo, que históricamente fue el pasaporte hacia la dignidad y el
ascenso social, hoy ha sido reducido a una simple garantía para los bancos y las
tarjetas de crédito. Se consolida así una de las mayores aberraciones de este
modelo: el trabajador formal ya no se endeuda para comprar una casa o un
auto, sino para financiar los alimentos en cuotas, atando su vida a la usura
financiera que lo exprime hasta el último centavo.
Por su lado los nuevos oligarcas tecnológicos y financieros, en su intento por
situarse por encima de las soberanías nacionales, hallaron en Javier Milei al
aliado perfecto. Un presidente de un país colonial, dispuesto a destruir el
Estado para entregar tierras, empresas y soberanía a grupos transnacionales,
monopolios extranjeros y facilitar cualquier experimento financiero que se les
ocurra.
Para el peronismo, un desocupado representa una desgracia personal y social
en la que rápidamente debe poder optar por trabajo digno acorde a sus
capacidades y necesidades. De ninguna manera se puede consolidar el subsidio
como un sustituto del empleo.
Solo un país, conformando la Nación Latinoamericana, con un proyecto de
trabajo y producción industrial podrá ser económicamente libre y
políticamente soberano.
El principio rector del pensamiento nacional peronista es la dignidad humana y
la movilidad social ascendente. Por eso, es imperativo recordar la premisa
central del general Juan Domingo Perón: gobernar es crear trabajo, porque
“existe una sola clase de hombres: los que trabajan”.

La paradoja de nuestro tiempo es que, mientras el amo de la antigüedad
estaba obligado a asumir los costos de alimentación, vivienda y subsistencia de
sus esclavos por ser considerados parte de su patrimonio, hoy millones de
trabajadores cargan solos con el peso de la desocupación, el endeudamiento, la
salud, la vivienda y el sostenimiento de sus familias. Se los llama libres, pero
muchas veces soportan obligaciones que ningún sistema social debería
imponerles. Solo un profundo cambio de rumbo en la política económica y
social, basado en el trabajo, la producción y la justicia social, podrá devolver a
la Argentina el camino hacia la patria que anhelamos.

Roberto Bonetti

*Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Capital