México nacionalizó la explotación de litio

Por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado aprobó la iniciativa que tenía media sanción de Diputados. PAN, PRD y PRI, se opusieron.

El Senado de México aprobó una reforma a la Ley Minera que establece que en adelante el litio es patrimonio de la Nación y lo declara de utilidad pública, por lo que cesarán las concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación, que quedará reservada al Estado.

El oficialismo aprobó la iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que completó el proceso legislativo que había empezado con el visto bueno de Diputados.

Por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado hizo lugar a la iniciativa que el Gobierno jugó como carta de revancha por la decisión de Diputados de rechazar, el domingo, su propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico que planteaba revertir la liberalización del sector.

El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) actuó ayer en Diputados y hoy en comisión y en el recinto con el respaldo de sus aliados Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

La oposición, una alianza del PAN, PRD y PRI, criticó el apuro por sancionar el proyecto y argumentó que es falso se nacionalice el litio, porque eso ya está contemplado en el artículo 27 de la Constitución.

Empresa nacional de litio mexicano

La iniciativa considera al litio como patrimonio de la Nación y reserva su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado, a crearse, sin participación de privados, sean nacionales o extranjeros.

La reforma incluye la creación de un organismo público descentralizado que se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral, clave para las llamadas nuevas tecnologías y en la industria automotriz.

El texto establece que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a ese organismo descentralizado encargado de la explotación en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables.

La iniciativa afirma que en la exploración y explotación se protegerá y garantizará la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

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