Persecusión religiosa en Nicaragua

El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó este martes que enero de 2023 fue un mes de persecución del régimen que preside el sandinista Daniel Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua, debido a la prohibición de actividades religiosas, así como juicios, condenas o expulsión a sacerdotes.

“Termina el primer mes de 2023 con la profundización de la persecución contra la Iglesia católica por el régimen Ortega Murillo”, señaló el Cenidh, crítico del Ejecutivo nicaragüense, a través de un video compartido en sus redes sociales.

Según ese organismo humanitario, las autoridades prohibieron e impidieron “las actividades religiosas en distintas iglesias a nivel nacional”, realizaron “juicios espurios contra sacerdotes, culpándolos a todos por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

El Cenidh, que fue ilegalizado como ONG por el Ejecutivo sandinista en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, consideró que la Iglesia católica está “en primera línea” de un “panorama lleno de violencia generalizada” que afecta a toda Nicaragua.

El organismo citó el juicio contra el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí (ambas en el norte de Nicaragua), Rolando Álvarez, quien se encuentra detenido desde el pasado 19 de agosto.

Además, el fallo de culpabilidad contra cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa.

En 2022 el régimen expulsó a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad

“Para el Cenidh esto no es solamente la desarticulación de una diócesis completa, refleja el propósito del régimen por desmantelar a toda la Iglesia católica”, valoró ese organismo, que mencionó la prohibición del ingreso al país de tres sacerdotes nicaragüenses en el mismo mes de enero.

Asimismo, calificó como “un hecho sin precedentes que evidencia que vivimos en un país donde la persecución religiosa es un riesgo real, la petición de un grupo de neocatecúmenos extranjeros que pidieron regresar a sus países de origen después de que fueran ordenados sacerdotes”.

Las relaciones entre la Iglesia católica y los sandinistas encabezados por Ortega han estado marcadas por diferencias y fricciones en 43 años.

En 2018 el régimen sandinista expulsó de Nicaragua a un sacerdote colombiano y uno salvadoreño, y en 2022 expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

En 2022 también cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.

“¿Acaso pretenden sustraer a los nicaragüenses de sus opciones religiosas e imponer creencias ajenas disfrazadas de cristianismo?”, se preguntó el Cenidh.

La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.

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