Claudia López ha lanzado una campaña anticorrupción

Por Jeimar Cogollo

La senadora Claudia López acompañada de dirigentes sociales y políticos ha lanzado una campaña anticorrupción en Colombia. Los efectos devastadores que la corrupción en Colombia tiene sobre los derechos humanos un impacto directo como lo podemos ver en la educación, salud y alimentación. Morirse de hambre es una muerte dolorosa y demasiado que lenta que sufrieron más de 5000 niños/as desde el 2014 hasta la fecha en el departamento de la Guajira, afectando en gran parte de la nación indígena más grande de Colombia, Wayúu. Un caso que se ve plasmado el documental de Gonzalo Guillén “El rio que se robaron”. El gobierno colombiano destina desde Bogotá recursos para la etnia Wayúu pero no llegan a los indígenas. Por ejemplo, el Programa de Alimentación y Nutrición –PAN- cuya inversión anual es de más US $15 millones, se queda atrapado en redes de corrupción que lo capta ilegalmente y ha sido utilizado para recoger votos en campañas políticas, como lo denunciaron los voceros Wayúu Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana. En el 2016 una (1) de cada tres (3) toneladas de comida disponible estaba en la basura según Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación en Colombia que también afirma: “en Colombia se producen 28,5 millones de toneladas de alimentos, se pierde o desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos (el 34 % del total) destinados al consumo humano. Con esa cantidad de comida se puede alimentar a más de 8 millones de personas al año, lo que equivale a toda la población de Bogotá”, entonces debemos preguntarnos ¿por qué en mueren tantos niños/as desnutridos todos los años?, Claramente tenemos un sistema de producción que no busca dar alimentos para todos pero si ganancias para pocos. ¿Quiénes ganan tirando a la basura el 33% de la producción generando tanta mortalidad infantil?. Las grandes industrias alimentarias continúan acrecentando su dominio económico mientras el estado mira a un costado vulnerando los DDHH fundamentales que deben ser garantizados por el mismo. En el ámbito de la salud se mueve al año cerca de 38 billones de pesos. La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos/as que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres. Como si fuera poco, la deficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos. Las Entidades Prestadoras de Salud – EPS se han visto implicadas en casos graves de corrupción en los últimos años, el caso más conocido y renombrado es el caso de Saludcoop EPS. Carlos Palacino presidente de ésta empresa y su equipo habría desviado 1,4 billones de pesos entre el 2002 y el 2010.  Otro caso importante que se ve reflejado en la educación y la salud de manera simultanea es el que pasa en el Hospital Universitario del Valle – HUV uno de los centros médicos más importantes del sur del país. El año pasado fueron capturados 7 funcionarios del hospital entre ellos el ex-director Jaime Rubiano. El HUV se encuentra sumido en una grave crisis económica por un desfalco de $22.000 millones de pesos y que hasta el día de hoy aumenta el riesgo de su liquidación. Hoy el hospital solo debería atender las situaciones de alta complejidad pero la realidad es otra debido a la falta de suministros. Ante estos y más casos de corrupción en donde la justicia va a paso de tortuga, la senadora Claudia López en articulación con otros senadores y diferentes representantes han lanzado una “Consulta Popular Anticorrupción”. Terminado el conflicto armado más grande de América Latina, Colombia no se puede permitir que a el dinero desviado por la corrupción hasta hoy se le sume el gastado en la guerra hasta hace unos meses, si bien aún recién empieza el posconflicto, una etapa difícil en la que todos debemos defender nuestro derecho constitucional a la paz, se vuelva otra excusa más para la clase corrupta que agobia la gran Colombia. El papel de la comunidad en su conjunto es importante tanto para la desconstrucción de la hegemonía que hoy maneja el país; es por eso que debemos ser críticos-prácticos y participar de ésta consulta, aunque siendo un mecanismo de participación ciudadana muy exigente en el número de firmas (5 millones) y votos requeridos para su aprobación (11 millones), pero tiene la gran ventaja de que lograda la votación, lo aprobado en la Consulta es de obligatorio cumplimiento. Si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción ordenadas por la Consulta, el Presidente de la República puede y debe sacarlas por decreto.  La consulta busca darle la orden y hacer obligatorio para el próximo gobierno y Congreso la adopción de 7 medidas (que a continuación plasmaremos) indispensables para prevenir y castigar quienes estén implicados en corrupción. 1-  Establecer un límite de máximo tres periodos para ocupar el mismo cargo en las corporaciones de elección popular; 2-  Elevar a la categoría de documento público las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y registro de intereses privados de todos los elegidos mediante voto popular, y la obligación de publicarlas como requisito de posesión y ejercicio del cargo.3-  Establecer la obligación a los congresistas de rendir cuentas anualmente sobre su gestión política y legislativa, de manera anual y detallada. 4-  Establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los representantes electos participen y decidan, de manera reglada y pública, el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su ejecución y contratación.5-  Establecer que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con las personas naturales condenadas y con las personas jurídicas de las que éstos hagan parte, por delitos contra la administración pública, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista. 6-  Implementar que las personas condenadas por delitos contra la administración pública siempre deban cumplir la totalidad de las penas impuestas en establecimiento carcelario del sistema ordinario, sin ningún beneficio de reclusión especial.7-  Reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes fijando un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima remuneración mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado. 

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