Crisis en Perú: carta de Fepuba al pueblo peruano

Por Carlos Martin Ponce Cahuas*

Desde que asumió Dina Boluarte, el 7 de diciembre del 2022, nuestro pueblo peruano ha entrado en una convulsión sociopolítica, por un lado se suscitó movilizaciones y resistencia de las huestes del interior(los postergados), por otro lado, la clase gubernamental, ha desplegado represión con sus aparatos estaduales de violencia. En esta correlación de fuerzas, en su gran mayoría, los jóvenes han sido protagonistas, como aquel año del 2020 donde Inti y Bryan dejaron sus vidas en las manifestaciones contra las políticas represivas de Merino.


La única verdad es la realidad, hoy en día tenemos una estadística de espanto, en los 42 días de gobierno de la innombrable presidenta, tenemos casi 50 muertes por no tener capacidad resolutiva de abordar conflictos sociopolíticos. La única alternativa o salida ante este panorama ha sido “meter “bala.
Es inevitable hacer un parangón con el acontecimiento del 2001 denominado “El Argentinazo” donde hubo 39 víctimas y que tuvo como consecuencia la abdicación del presidente De La Rúa. Las consignas de aquel momento fueron idénticas a la que se está viviendo y expresando en Perú: “que se vayan todos” (los congresales).
Hay que destacar que la impronta que dejó tal evento fue una experiencia y aprendizaje de organización y solidaridad de los actores sociopolíticos.


La cruenta represión que está llevando adelante el Poder Ejecutivo con anuencia del Poder Legislativo está recayendo máxime sobre nuestra población andina y campesina (18 muertes en Juliaca). Sumado a esto, el establecimiento de un Estado de Emergencia u Estado de Sitio (donde se suspenden las garantías constitucionales) ha sido la respuesta inmediata a estas expresiones de descontento de la comunidad. Hay que tener en cuenta, que los antes mencionados Poderes Estatales, según una encuesta del IEP (Instituto de Estudios Peruanos) el PE tiene un 71 % de rechazo y 19%de aprobación, y el PL, tiene un rechazo del 88% y 9% de aprobación. La desconfianza y descreimiento por éstas instituciones se ha acentuado y no habido construcción de cuadros políticos con sensibilidad social, comprensión y lectura objetiva de la realidad. Es menester mencionar, que el congreso Unicameral de 130 legisladores, en su gran mayoría está conformada por partidos conservadores de derecha: Alianza para el Progreso (15), Acción Popular (16), Fuerza Popular (24), Renovación Popular (13).

Hace unos días el primer Ministro Otárola se presentó en el hemiciclo a pedir un voto de confianza para su gabinete, lo cual le fue otorgado en medio de increpaciones por las muertes, centenares de heridos y detenidos a nivel nacional, producto de la represión, e inclusive, el PE, se ha dedicado a criminalizar la protesta, con el afán de desacreditarlas. Además manifestaron que el país hermano de Bolivia ha proveído de armas y municiones a los manifestantes, sin una prueba alguna, esta grave acusación ha sido ampliada por los medios hegemónicos que ha calado en los limeños y demás.
Otra fórmula de descalificar a los manifestantes es el “terruqueo” (asociarlos con aquella organización, que en otrora, cometió crímenes de lesa humanidad, conjuntamente con el terrorismo de Estado Fujimorista). Consideramos que aquella etapa fujimorista y sus aliados, fue perniciosa para el proceso evolutivo del Perú. Este legado histórico subsiste hasta el día de hoy, sin ir más lejos, la Carta Magna de los 90, prescribe en su art. 113, la vacancia presidencial: inc. 2, “por permanente incapacidad moral y física declarada por el congreso”. Ni siquiera el Tribunal Constitucional (elegido por el congreso) ha sido capaz de interpretar y actualizar tal acápite. A raíz de este artículo e inciso, es que hemos tenido, desde el 2015, seis presidentes (Kucsynski: renunció- caso Lavajato, Vizcarra: vacado por corrupción prov. Moquegua, Merino: renunció, Sagasti: transición-, Castillo: electo y vacado, y Boluarte). Es por esto, que estimamos que no hay crisis institucional, sino que el motivo de la inestabilidad política, es el mecanismo y modelo que acoge Perú en su sistema democrático constitucional que ha traído conflictos, antagonismos, aprietos y desavenencias políticas (tanto el PE y el PL).


Es imprescindible comentar que un grupo de Alto Nivel de la OEA en su visita al Perú (luego de activar la Carta Democrática ante la crisis política) el año pasado, “exhortó al diálogo a los actores políticos”, y posteriormente, ante la convulsión social suscitada en el mandato de Boluarte, las agencias, fondos y programas de la ONU “exhortaron a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar y garantizar el respeto a los DDHH”.
No podemos soslayar, que el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el congreso (del cual es acusado hoy en día, por “quebrantar el orden constitucional”, art. 346 Cód. Penal; sumado imputaciones por liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión) fue una medida similar a la de Fujimori. Alterando los resortes pétreos constitucionales de un Estado de Derecho. Es pertinente, también, expresar que Martin Vizcarra disolvió el Parlamento, pero bajo un pretexto legal (rechazaron dos veces su consejo de ministros, es decir no le otorgaron voto de confianza- art. 134 CN).
Todo este panorama político, tiene como correlato el modelo económico, que a pesar de su convulsión social, ha tenido una inflación del 8% (Argentina 94.5%), pero con una informalidad de la clase trabajadora del 70%, con deficiencias en su sistema de salud y en la educación pública, desligadas de un proyecto de país en vías de desarrollo. Aquel formato se ha mantenido hace dos décadas, con el fujimorismo y su Carta Magna, que ha permitido enrumbar al país en una Nación donde el Estado es pasivo, donde impera el extraccionismo, un rentismo por el usufructo de sus riquezas, y que ha generado una gran masa agricultura que el Estado ha desamparado, erigiéndose siempre como un Estado gendarme, represor, clasista, no regulador, frágil y corrupto (hay un flujo financiero ilegal -de empresas o agentes económicos- que generan 10 mil millones de soles), a su vez, Perú registra un gasto público per cápita por debajo del promedio de América Latina.

Entre el dolor e indignación, los estudiantes y graduados de FEPUBA y la comunidad peruana en la Argentina nos solidarizamos con la lucha del pueblo peruano y sobre todo con los familiares de las víctimas. Repudiamos la masacre deliberada y cometida, por el régimen de Dina Boluarte, contra nuestros hermanos de las distintas regiones del país incaico. Entendemos que nuestro Perú, así como es un problema (“un mendigo sentado en un banco de oro”, decía Raimondi), también es una posibilidad de generar puentes entre los distintos actores de la Nación. Creemos en la construcción de una generación que pueda comprender objetivamente los sucesos históricos y obtenga aprendizajes a fin de no repetir errores y así se pueda consolidar las instituciones democráticas que protejan y resguarden los derechos esenciales de la sociedad, donde la juventud embista dando la batalla cultural con una dialéctica superadora, donde se genere un espíritu nacionalista, plural, y latinoamericano. Alentamos y exhortamos a las fuerzas políticas a construir identidad de cohesión en el territorio peruano (sierra, costa y selva), a convocar a un pacto social, con participación popular, anclado en un sistema de democracia directa (consultas populares, plebiscito), donde seamos conscientes día a día, del respeto a los DDHH; propugnar desde los distintos espacios por la organización e integración de la comunidad a efecto de generar una conducción política empática, diversa,antipatriarcal, reflexiva y concertadora, que nos pueda guiar a un desarrollo integral nacional y Latinoamericano.

*Abogado del Ministerio Público Fiscal (ATAJO)

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