El Pacto Roca Runciman y sus antecedentes

Una trama de engaños y concesiones.

Por Alberto Lettieri

El 1 de mayo de 1933, el vicepresidente Julio A. Roca (h) firmó en Londres el Pacto Roca-Runciman, consagrando el momento más vergonzante de la historia de la dependencia económica impuesta a nuestro país por la oligarquía terrateniente, y sólo equiparable al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas del Río de la Plata el 2 de febrero de 1825, entre el Embajador británico Woodbine Parish y el infame Manuel José García, por entonces Ministro Secretario en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional, ejercido provisoriamente por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gral. Juan Antonio Las Heras. Este acuerdo venía a completar el Pacto Colonial sellado entre el Partido Unitario y Gran Bretaña, tras satisfacerse el requisito previo de contratación del Empréstito Baring Brothers, impulsado por el socio de García, Bernardino Rivadavia, algunos meses antes, el 1 de julio de 1824.

Definido por Arturo Jauretche como “Estatuto Legal del Coloniaje”, el Pacto Roca-Runciman venía a concretarse en un momento en el que Gran Bretaña nada tenía de aquella orgullosa potencia decimonónica que extendía sus dominios a lo largo del mundo. La Primera Guerra Mundial había destruido su economía, y la década del ’20, con su corolario en la Crisis de 1929 y la Depresión mundial que la siguió, sólo habían profundizado la debacle. Por el contrario, las exportaciones argentinas se habían incrementado durante la Gran Guerra, y los años 20 -en particular durante la gestión de Marcelo T. de Alvear-, habían permitido incrementar el sector industrial a través de la radicación de empresas norteamericanas en nuestro país.

A través del simple expediente de vender carne a Gran Bretaña y adquirir productos industriales en los EEUU con las divisas producidas por esas ventas, la economía argentina se modernizó, el automóvil y los colectivos fueron desplazando al transporte ferroviario, sobre todo en las grandes ciudades, al tiempo que el Estado Nacional daba un impulso significativo a YPF, a fin de dar respuesta a las nuevas demandas energéticas del sector industrial y de la tecnología automotriz.

El antecedente: El Acuerdo D’Abernon-Oyhanarte

El recambio presidencial de 1928, que posibilitó el retorno a la presidencia del viejo caudillo radical Hipólito Yrigoyen, estuvo acompañado de oscuros nubarrones sobre el futuro nacional. Las pretensiones de la Standard Oil (ESSO) de poner fin a la empresa estatal YPF para apropiarse de nuestros recursos del subsuelo fueron acompañadas por un sector representativo de la oligarquía argentina, y los rumores de un inminente Golpe de Estado comenzaron a circular ya desde los inicios de la campaña electoral.

La victoria contundente de Yrigoyen, con más del 60% de los sufragios, postergó pero no consiguió archivar ese proyecto, que habría de concretarse finalmente el 6 de septiembre de 1930. Desde mediados de la década de 1920, las autoridades británicas trataron de presionar al Presidente Marcelo T. de Alvear –un “oligarca“, a juicio de los historiadores de la UCR- para recomponer el lazo semi-colonial con Gran Bretaña, sin conseguir otro resultado que la indiferencia. Sin embargo, inmediatamente después de acceder el “democrático y anti-imperialista“ Yrigoyen, el gobierno británico volvió a la carga, comunicando a las nuevas autoridades que sólo podría continuar adquiriendo productos argentinos a condición de que las divisas generadas por ese comercio fueran aplicadas a la compra de productos ingleses, ya que habían sido desplazados de la mayor parte del mercado mundial por las manufacturas norteamericanas.

Yrigoyen se manifestó sensible a la iniciativa, tal vez demasiado en realidad, al punto de solicitar informalmente, a través del Senador yrigoyenista Diego Luis Molinari, el envío de una misión inglesa para discutir cuestiones vinculadas con el comercio bilateral y la economía. Sorprendidos por el insólito presente que les hacía el presidente argentino, el gobierno británico envió inmediatamente una comitiva encabezada por el Ministro de Agricultura Británico, Lord D’Abernon, con el fin de negociar las nuevas bases del intercambio anglo-argentino.

Las negociaciones, iniciadas en el mes de agosto de 1929, concluyeron tres meses después, en noviembre de 1929, y en lo sustancial establecieron los términos que habrían de ser consagrados en el Pacto Roca-Runciman, 3 años más tarde. Vale la pena detenerse un momento en el Acuerdo D’Abernon-Oyhanarte. Lo primero que llama la atención es su denominación, ya que si bien Oyhanarte era el Ministro de RREE de Yrigoyen, el propio presidente decidió negociar personalmente y en secreto el convenio con el Lord británico. Lo segunda cuestión está relacionada con la pretendida adscripción nacionalista de Yrigoyen, que le atribuyeron historiadores radicales como Gabriel del Mazo o Félix Luna.

Una muestra contundente de su posicionamiento filo-británico la constituyen los argumentos esgrimidos por Oyhanarte para defender el proyecto de Acuerdo en el Congreso Nacional. Allí el Ministro de RREE de Yrigoyen sostuvo que en la ocasión era a Gran Bretaña a quien “le tocaba recoger mejores beneficios” de la transacción, pero que ello representaba un bajo precio a pagar, ya que, en la práctica, se trataba de iniciar una nueva relación. Como si fuera la Argentina la beneficiada de restablecer el vínculo colonial… Por si esto fuera poco, Oyhanarte concluía reconociendo que “tenemos con el pueblo inglés una grave deuda moral que nos es grato confesarla. Cuando todavía éramos una expresión imprecisa … Inglaterra llegó a nosotros trayéndonos el aporte de su fe, de su confianza, depositando aquí sus capitales … Trazando las primeras líneas de los ferrocarriles, alrededor de los cuales, como vertebrado en columnas se fue realizando paulatinamente el progreso de nuestra nación. “

Si bien el Acuerdo D’Abernon-Oyhanarte, o más propiamente D’Abernon-Yrigoyen, fue firmado por las partes, necesitaba la ratificación legislativa de las partes. En el caso argentino, la Cámara de Diputados lo aprobó sin demasiadas objeciones, pero la profundización de la crisis y la deposición de Yrigoyen impidieron su rúbrica por el Senado Nacional. En el caso inglés, el Parlamento no llegó a considerarlo, cercado por la catástrofe económica y social iniciada por el colapso de Wall Street. Con el fracaso momentáneo de la iniciativa se iniciaba una serie de circunstancias afortunadas para la UCR, que a lo largo de su historia permitirían desligarla –o bien limitar su responsabilidad en el ejercicio de la gestión pública, evitando un desprestigio todavía mayor.

El Pacto Roca-Runciman

La Conferencia de Ottawa (1932) significó el reinicio de la ofensiva inglesa sobre la economía argentina. Argumentando la presión de los estados miembro de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que exigían que Gran Bretaña se abasteciese de alimentos al interior de ese espacio, las autoridades inglesas recurrieron al chantaje, exigiendo una serie de condiciones inaceptables para cualquier país independiente, como condición excluyente para la continuidad de las compras de las carnes argentinas. De este modo, desempolvando el fallido Acuerdo D’Abernon-Oyhanarte, Gran Bertaña exigió la fijación de un precio inferior al pretendido por las economías de la Commonwealth, con una disminución anual del volumen de las compras de un 5%, la liberación de impuestos para los productos ingleses, la desarticulación de industrias y servicios competitivos con los británicos –Corporación de colectivos, producción de carbón, etc.-, y la creación de un Banco Central, concretada en 1936, que entregó a los intereses británicos la soberanía financiera de la nación. Además, se incluyó un pago compensatorio a las empresas ferroviarias británicas por la caída de sus utilidades a partir de la crisis.

Para la oligarquía argentina, el acuerdo venía a poner las cosas en su lugar, a tal punto que el vicepresidente Roca, en el marco de las negociaciones realizadas en Gran Bretaña, había destacado que “por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”. Esta afirmación era desmentida por el senador santafesino Lisandro de la Torre, quien puntualizó por entonces que “no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones.” Esta controversia se desarrollaría al interior de las instituciones legislativas, dejando a las claras, una vez más, hasta dónde estaba dispuesta a llegar esa oligarquía en defensa de sus intereses sectoriales.