Fondo buitre con sede en Londres podría recibir miles de millones de USD de la Argentina esquilmada
El principal demandante de la causa por la expropiación de YPF es el fondo buitre Burford, que está por cerrar el mejor negocio de su historia. Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
El CEO y fundador en 2009 es ex vicepresidente de Asuntos Legales de Time Warner, Christopher Bogart, líder de un ejército de 350 abogados y expertos en legales. Egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario, hoy Bogart posee oficinas en Chicago, Washington, Singapur, Sydney, Hong Kong y Dubai, además de Londres y Nueva York, donde Burford cotiza. Su estrategia, como lo hace en el caso por la estatización de YPF, es “comprar” juicios. Financia los litigios y luego se queda con parte de las ganancias.
Según admitió Bogart, desde 2009 su fondo generó u$s2.200 millones en retornos de inversión por la realización de sentencias, equivalentes a una tasa del 88% promedio por juicio, pero tiene u$s4.600 millones en sentencias de casos en marcha.
En el caso YPF, Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones de los u$s3.000 mollones que exige) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, con la derrota de Argentina en el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Para agregarle misterio a la causa, en junio del 2020 Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Con información de Ámbito Financiero