Con la impronta de Francisco, Rosatti y el padre “Pepe” firmaron convenio para la reinserción social de los presos
El presidente de la Corte Suprema se comprometió con los Hogares de Cristo a trabajar mancomunados en una problemática clave para el futuro de la Argentina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada por su presidente Horacio Rosatti, junto con El Consejo de la Magistratura y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), firmaron un acuerdo sin precedentes con la organización del Padre Pepe Di Paola, la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo.
El acuerdo se firmó en los tribunales de Comodoro Py con la presencia del presidente de la Corte y de los miembros del tribunal, entre ellos Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo.
El encuentro fue impulsado por la titular de la DCAEP, Virgina Barreyro, junto con el sacerdote José María Di Paola, conocido como “El Padre Pepe”, responsable de la Federación, la cual tiene como objetivo dar respuesta integral a personas en situación de vulnerabilidad social o con consumos problemáticos con drogas. A su vez, lleva adelante tareas de integración en los barrios en los que viven.
El fin de este convenio reside en avanzar con los procesos de reinserción social y generar un trabajo organizado con la DCAEP.
Según Barreyro, la asistencia de la Federación no solo contribuyó a lograr la recuperación de personas con problemas legales y adicciones, sino también que estos apoyaran a otros pares a seguir sus pasos. “Cuando vimos eso, dijimos que allí había que prestarle atención. Creemos que se puede profundizar y ampliar este trabajo. De ahí la idea de este convenio”, explicó.
El padre Pepe destacó que fue el Papa Francisco, cuando aún era Jorge Bergoglio, quien los alentó a acompañar a los vulnerables tomando “la vida como viene”, con sus imperfecciones y dificultades, porque no hay situaciones ideales. Y entre esos conflictos muchas veces están personas en conflicto con la ley.
La titular de la DCAEP también subrayó el contexto en el que se inscribe este acuerdo, en el cual explica que se tiene “un abordaje en el territorio en donde muchas veces explota la violencia, la droga y la marginalidad, y esas personas encuentran una comunidad que pueden dar una respuesta con presencia en casi todas las provincias”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti puso el énfasis en lo relevante que resulta para el Poder Judicial el “tomar contacto” con estas realidades, ya que “más allá de la experiencia de vida que cada uno tenga antes de llegar al cargo judicial, nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos en un microclima de papeles y computadoras. Por eso destacamos este tipo de vinculaciones entre el Poder Judicial y la realidad de una organización que tiene un contacto con personas con los problemas y sus necesidades”, sostuvo.
Además, afirmó: “Siempre pensé que las sociedades no se deben comparar en función de su producto bruto sino en cómo tratan a los vulnerables. Creo que ahí es donde hay una diferencia importante. Es mucho lo que hay que hacer. Sabemos que hay mucha gente que está cumpliendo una condena y que es difícil reinsertarse cuando salga de una situación de encierro”.
Finalmente, Rosatti celebró el acuerdo con la institución de los Hogares de Cristo, en la que “no solo se está tratando de ayudar a una persona a reinsertarse. Se le está dando dignidad”, cerró el magistrado.
La DCAEP tiene como misión supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones de libertad condicional, colaborando con el juez a cargo de la ejecución de la pena. Asimismo, interviene en el control de las reglas de conducta impuestas a quienes hayan recibido penas condicionales, asegurando que se respeten los compromisos asumidos durante el período de prueba.
Luego de la firma del acuerdo, Rosatti tuvo un encuentro con los jueces de primera instancia Julián Ercolini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti, y el presidente de la Cámara Federal Mariano Llorens, mientras avanzan los preparativos para la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal porteño, programada para el 11 de agosto.