El FMI y la Argentina: cronología del fin de la soberanía económica desde Lonardi hasta nuestros días
Por Fernando Del Corro
En los últimos días de octubre de 2016, después de diez años de alejamiento operativo y a 60 años de su incorporación al Fondo Monetario Internacional (FMI) la Argentina recibió a representantes de ese organismo internacional para que auditen sus cuentas y sus iniciativas y conversen con funcionarios locales, no solamente del área económica sino también de las política y social tras lo cual, hacia noviembre siguiente iban a da a conocer sus observaciones, con sus más y sus menos. De ahí en más se avanzó hacia el catastrófico préstamo tomado por la administración del entonces presidente Mauricio Macri y que hoy sufre la Argentina.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue fundado el 22 de julio de 1944 en Bretton Woods, una población rural del estado de New Hampshire por representantes de 44 países entre los que no estaba la Argentina y entró a funcionar el 27 de diciembre de 1945, hacen hoy 78 años, en Nueva York con sólo 29 estados adherentes, durante la presidencia de Edelmiro Julián Farrell en este país, en un marco de alejamiento entre el avance de la influencia estadounidense en América Latina y el nacionalismo argentino imperante.
La creación del FMI y la del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), hoy Banco Mundial (BM), que comenzó a operar inmediatamente de su aprobación en 1944, fue el resultado de los difíciles acuerdos a los que llegaron los Estados Unidos de América (EUA) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RU) representados, respectivamente, por Harry Dexter White, con las posiciones más duras, y John Maynard Keynes, con otras más flexibles que mitigaron en parte las anteriores.
Derrocado Juan Domingo Perón por el golpe de estado iniciado el 16 de septiembre de 1955, el efímero presidente de facto Eduardo Ernesto Lonardi solicitó un análisis de la situación económica del país al economista argentino Raúl Federico Prebisch quién, a la sazón, fungía como secretario general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), instrumento regional, con sede en Santiago de Chile, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Prebisch, que había rechazado poco antes un pedido similar que le hiciese Perón, aceptó la propuesta de Lonardi pero como éste sólo estuvo dos meses en funciones cuando entregó sus tres trabajos técnicos, incluyó, en uno de ellos, la conveniencia de cambiar la estrategia de distanciamiento del FMI, que llevaba ya diez años y algunos meses, por su incorporación al mismo, lo que se concretó el primero de agosto de 1956 siendo presidente de facto el general Pedro Eugenio Aramburu, mediante un decreto del 29 de abril de ese año.
Así como la Argentina tardó una década en incorporarse al FMI durante otra década, la última, a partir de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, tampoco hubo relaciones, más allá de la formalidad de la pertenencia, y durante el medio siglo restante las relaciones fueron muy activas salvo en los breves períodos correspondientes a la presidencia del radical Arturo Umberto Illia, entre 1963 y 1966; los gobiernos de Héctor José Cámpora, Raúl Alberto Lastiri y Juan Domingo Perón entre 1973 y 1974, y la primera etapa de la gestión de Raúl Ricardo Alfonsín entre 1983 y 1985, ya que en todos estos casos las negociaciones no existieron o fueron por demás ríspidas, sobre todo en la última etapa mencionada siendo Bernardo Grinspun ministro de Economía.
Grinspun, durante un duro encuentro en el Palacio de Hacienda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la insistencia de los funcionarios del FMI en obtener decisiones rechazadas por el gobierno argentino, llegó a desnudarse desde la cintura hasta las rodillas diciendo que eso y más era lo que pretendían los visitantes.
El primer acuerdo de los llamados “stand-by” se firmó el 29 de diciembre de 1958, siendo presidente Arturo Frondizi, y mediante el mismo se acordó despedir el 15% de los empleados públicos; otro 15% del personal ferroviario y el achicamiento del sistema mediante la eliminación de ramales con lo que se inició el desguace del sistema; un incremento del 150% de las tarifas de electricidad y del 200% del precio del petróleo; la liberación del tipo de cambio y de los precios internos; el congelamiento salarial por dos años; y la creación de nuevos impuestos.
Como lo recordó en su tesis doctoral la economista Noemí Brenta, los pedidos de socorro al FMI por la gestiones de Frondizi y su continuador José María Guido fueron incesantes hasta que se interrumpieron con la llegada de Illia a la presidencia.
Por entonces se debían al exterior 1.142,8 millones de dólares estadounidenses, equivalentes por su poder de compra a algo más 35.500 millones actuales, de los cuales el FMI era acreedor por 302,5 millones y el Eximbank (Banco de Exportación e Importación de los EUA) por 460 millones mientras que al Tesoro de ese país le correspondían 153 millones de ese total y al BIRF 143,5 millones, superando entre ellos los 1.000 millones. Tras el golpe militar encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966, el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, firmó dos acuerdos por u$s 125 millones cada uno pero no fueron utilizados y no se renovaron, aunque sí se concretaron acuerdos por 75 y 85 millones, respectivamente, con el Tesoro y el BIRF.
Tras la muerte de Perón y la llegada al gobierno de María Estela Martínez se reiniciaron los acuerdos y así, en 1975, siendo ministro Antonio Francisco Cafiero, en un acuerdo sobre las deudas de Aerolíneas Argentinas se hizo la primera concesión de soberanía al establecerse como sede de un eventual conflicto los tribunales de justicia de Nueva York. El Proceso cívico-militar entre 1976 y 1983 dio lugar a numerosos acuerdos pero a pesar de las concesiones del ministro José Alfredo Martínez de Hoz y sus sucesores, el FMI no logró que se aceptase avanzar en materia de privatizaciones ya que las Fuerzas Armadas no autorizaron a las mismas a la conducción económica, por lo que recién se recomenzó a tratar el tema durante la última etapa de la gestión de Alfonsín, ya sin Grinspun, y se concretó en la de Carlos Saúl Menem.
Ya sobre el final del Proceso una estatización de la deuda privada por parte del BCRA, por entonces liderado por Domingo Felipe Cavallo, había acrecentado fuertemente los pasivos públicos, los cuales fueron motivo de estudio, por sus irregularidades, durante la presidencia de Enrique García Vázquez en el máximo órgano financiero nacional, lo que dio lugar al reclamo de borrar del mapa la deuda, lo cual, no por casualidad, fue aplicado a Irak en 1984, con similares argumentos, cuando este país invadió Irán, por el presidente estadounidense Ronald Wilson Reagan.
Las relaciones de la Argentina con el FMI prosiguieron durante toda la gestión menemista y por la de su sucesor, Fernando De la Rúa, con su ministro de Economía, José Luis Machinea, en el marco de la convertibilidad “uno a uno”, entre el peso y el dólar estadounidense, resistida por el FMI cuando fue instalada en 1991 pero luego sostenida durante los diez años posteriores.
Como señalara el economista peruano Oscar Ugarteche, destacado investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro “Historia crítica del FMI”, ya en 2002 el citado organismo lanzó una campaña desligándose de los problemas de sus “asistidos”, como la Argentina, alegando la mala implementación de sus políticas. En 2003 el presidente Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, iniciaron un proceso de desendeudamiento con una fuerte quita sobre el valor original de los títulos, la que fue aceptada por la mayor parte de los acreedores, mientras que una parte minoritaria inició una largo proceso judicial que concluyera en este 2016 con el pago a los llamados “fondos buitres”.
Pero ya el 3 de enero de 2006, el presidente Kirchner ya había cancelado la deuda argentina con el FMI con un pago adelantado de u$s 9.530 y con vencimientos hasta 2009. Desde entonces se contabilizaron esos nuevos diez años y poco más sin relaciones, casi el mismo tiempo transcurrido desde el comienzo del funcionamiento del organismo en 1945 y el ingreso argentino en 1956.