ATAJO presenta su informe de 10 años de gestión
La Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), encabezada por Julián Axat, atendió 78.483 consultas desde su creación en 2014, según se desprende del documento A 10 años de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF- Experiencias de abordaje comunitario: 2014-2024, elaborado por su Equipo de Gestión de la Información.
El documento sintetiza el trabajo realizado en la década de existencia de ATAJO a través de un registro estadístico y de la descripción de su expansión en función de cada uno de sus objetivos trazados. “Se presenta aquí un informe que expresa valores cuantitativos, pero también el universo cualitativo donde se cuentan casos testigos que se fueron presentando y los modos de su abordaje. Por lo demás, quizás allí se infiera la dimensión humana de las intervenciones realizadas, y quizás allí radique lo más significativo de la tarea”, señala Axat en el prólogo del documento.
El director de ATAJO contextualiza la intervención de la dependencia en el marco de la misión del Ministerio Público Fiscal de velar “por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, procurando el acceso a la justicia de sus habitantes”. Indica que “para ello ha sido fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y todo tipo de referentes/as, con quienes se logró consolidar una red de articulación”.
El documento señala que las consultas en las oficinas descentralizadas de ATAJO en territorio se multiplicaron durante estos diez años, alcanzando en 2022 un pico de 13.712. Precisa que durante 2020 se registró una caída relativa por los efectos de la pandemia, aunque se recuperó la tendencia creciente en 2021. El reporte explica también que es posible pensar que el fortalecimiento de estrategias durante ese periodo posibilitó el incremento de intervenciones en 2022 y 2023.
Al respecto, la evolución anual de consultas tramitadas se configuró con las siguientes cifras: en 2014, 1232 consultas tramitadas; 2015, 4.126; 2016, 5.342; 2017, 7.021; 2018, 7.458; 2019, 8.612; 2020, 7.739; 2021, 10.362; 2022, 13.712; y 2023, 13.024. El desglose estadístico en relación a las formas en que se concretaron las consultas lo encabezan las demandas espontáneas presenciales con 64,61% de los casos (en total, 50.704); y le siguen demandas espontáneas virtuales, con 13,01% (10.212); la derivación de otras agencias, con 10,99% (8.626); y la derivación de agencia religiosa, con 5,36% (4.206).
De acuerdo con el informe, la vulnerabilidad de quienes consultan se traduce, entre otros factores, en el nivel educativo alcanzado: más del 65% no tiene estudios secundarios completos y más del 10% no logró completar estudios primarios.
El documento puntualiza también los registros relativos a las consultas de acuerdo al principal tipo de problemáticas. Los casos ligados a la justicia de familia fueron predominantes en las consultas recibidas en la década, con 14,81% (entre ellas, dificultades en el pago de cuota alimentaria, cuidados personales, responsabilidad parental, régimen de comunicación, etc.). El segundo grupo de casos estuvo integrado por problemas referidos a la documentación, con 7,82%, entre los cuales las cuestiones sobre migración y residencia resultaron las más numerosas. En tanto, el registro de denuncias, según los principales tipos de problemáticas, está encabezado por casos de violencia doméstica contra las mujeres o personas con identidad de género femenina mayores de 13 años, con 29,96%. Le siguen violencia doméstica, con 14,27%; abuso sexual, con 10,4%; y cuestiones de familia de trámite en el fuero civil, con 7,18%.
El informe de ATAJO se detiene también en las cifras que surgen del dispositivo de toma de denuncias para casos de violencia de género, denominado Atajo Protegen, que funciona como herramienta de extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, los siguientes son los porcentajes en que fueron dispuestas las medidas de protección solicitadas: en el 93,92%, prohibición de acercamiento, y en el 72,97%, cese de actos de perturbación o intimidación. El listado continúa con medidas relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes, pedido de botón antipánico y exclusión del agresor del domicilio, dispuestas en el 62,84%, el 58,11% y el 22,3% de los casos solicitados, respectivamente. Las denuncias formuladas en Atajo Protegen evolucionaron de 9 en 2019, a 26 en 2020, 43 en 2021, 45 en 2022 y 25 en 2023.
La estadística desarrollada en el informe señala que más del 62% de las personas que realizaron la denuncia a través de Atajo Protegen no la habían formulado previamente en otros dispositivos. “Esto hace presuponer que las agencias generan la confianza necesaria para constituirse en referencia frente a estos temas”, se destaca.
Por otro lado, las cifras relativas a los seguimientos de las diferentes consultas, denuncias y requerimientos para garantizar el acceso a la justicia evolucionaron anualmente con los siguientes registros: en 2014, 1.897 seguimientos; en 2015, 6.361; en 2016, 9.951; en 2017, 14.240; en 2018, 13.604; en 2019, 15.794; en 2020, 20.019; en 2021, 26.810; en 2022, 34.000; y en 2023, 28.502.
El documento precisa registros relativos al perfil del/la consultante que se acerca a los Atajos. En primer lugar, se destaca que la mayoría de las personas son de género femenino (un 70,11%), motivadas en situaciones personales y muchas veces por temas que involucran a terceros; el 26,94% de las consultas es formulada por personas de género masculino y el 0,76%, por personas transgénero.
“Ha sido fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y todo tipo de referentes/as, con quienes se logró consolidar una red de articulación”, destaca el director de ATAJO, Julián Axat.
De acuerdo con el informe, la vulnerabilidad de quienes consultan se traduce, entre otros factores, en el nivel educativo alcanzado: más del 65% no tiene estudios secundarios completos y más del 10% no logró completar estudios primarios. En relación a la situación laboral de las mujeres consultantes, el 35,72% se encuentra desempleada, el 22,81% tiene un empleo informal y solo el 15,29% cuenta con un empleo formal. Si bien la mayoría de quienes consultan son argentinos/as, hay un porcentaje significativo de migrantes de países latinoamericanos. Entre ellos destacan las poblaciones paraguaya (12,5%) y boliviana (10,5%).
El funcionamiento interno y el objetivo de ATAJO
En relación al funcionamiento de las oficinas descentralizadas, el documento destaca que la Dirección General de Acceso a la Justicia formó un enclave territorial que permite generar condiciones de cercanía y concretar la articulación con la red comunitaria existente, que posibilita a su vez una resolución y contención más efectiva de cara a un eventual proceso judicial.
Destaca también como objetivo la facilitación del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad para garantizar su participación en el sistema de administración de justicia, removiendo “los obstáculos o trabas cristalizadas en los procedimientos judiciales que, en muchas oportunidades, no tienen en cuenta las complejas realidades que atraviesan los sectores más vulnerables”.
Añade al respecto que la apertura de las agencias implicó “cambios sustantivos en la metodología de trabajo del Ministerio Público Fiscal, en tanto requirió del esfuerzo conjunto de diferentes áreas técnicas y administrativas para superar obstáculos estructurales”. En tal sentido, sostiene que “fue fundamental la articulación y el compromiso institucional en el acompañamiento de la propuesta. El inicio del trabajo de los equipos multidisciplinarios de las agencias requirió del desarrollo de procesos dinámicos, que aún hoy deben ser actualizados permanentemente en un ejercicio cotidiano de fortalecimiento de los vínculos con la comunidad”.
El informe recuerda que la forma en que se diseñaron los equipos de cada agencia es parte constitutiva del proyecto y de la concepción de acceso a la justicia, con la actuación de equipos multidisciplinarios que cuentan con operadores/as comunitarios/as, que brindan un mejor y eficaz anclaje territorial. “Esta decisión parte justamente de concebir los problemas sociales de un modo complejo y dinámico, y en tanto tal, requirente de diversas miradas para su abordaje”, señala.
La Dirección General de Acceso a la Justicia está integrada por las áreas de Coordinación General Operativa, Coordinación Jurídica, el Equipo de Administración, el Equipo de Gestión de la Información, el Equipo Psicosocial, el Equipo de Promoción de Derechos, y la Coordinación de los Atajos.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran en funcionamiento en la actualidad oficinas descentralizadas en los barrios Padre Richardelli (ex villa 1-11-14), villa 21-24, villa 20, Padre Carlos Mujica (ex villa 31 y 31 bis), villa 15 (Ciudad Oculta), Constitución, Once y Villa Soldati. El trabajo de esas oficinas se proyecta también por distintos municipios del Gran Buenos Aires, entre los que se encuentran San Martín, Avellaneda, Moreno, Merlo, Quilmes, La Matanza, Lanús y Florencio Varela. Tras convenios con las provincias respectivas, se desplegó el trabajo a jurisdicciones como La Plata, Mendoza, Rosario, Bariloche, Córdoba y Mar del Plata, tanto a través de agencias como mediante enlaces en las fiscalías federales.