Cuidar al migrante

El Pacto Mundial de Migraciones (PMM) es el primer acuerdo negociado intergubernamental preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral, fue probado en 2018 en Marrakech y firmado por 162 países, entre ellos la Argentina.

Por Álvaro Fontana

La inmensa mayoría de los países miembros de la ONU adoptaron en Marrakech el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados, pero una docena de países se han desvinculado del texto, que ellos mismos acordaron, a pesar de que el documento no es vinculante y respeta la soberanía de los Estados. Tales el caso de Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han desmarcado. Algunos han argumentado que es incompatible con su soberanía o que podría tener un efecto de incitación de la inmigración ilegal.

Cuatro años más tarde, los resultados del informe se trasladarán al Foro de Examen de la Migración Internacional que tendrá lugar en Nueva York, entre el 16 y el 20 de mayo. En el Foro, representantes de todos los países discutirán y expondrán los progresos conseguidos. El pacto es muy importante porque cambia la orientación y el enfoque de las políticas migratorias y también de la forma de trabajar entre los Estados. Respecto del Foro de Examen es, por lo tanto, una manera de medir las buenas prácticas que los Estados han hecho de manera voluntaria, por eso resulta vital que las organizaciones de la sociedad civil puedan valorar y hacer un examen final para ver en qué medida han cumplido los compromisos que habían adquirido de parte de los Estados.

El marco representa la necesidad de un contexto de cooperación en materia de migración y la capacidad de previsión de los Estados Miembros y de las partes motivadas a la hora de elaborar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este primer Foro de Examen de la Migración Internacional, es una oportunidad fundamental de reforzar la pertinencia y el carácter oportuno del Pacto, evaluar sus efectos hasta la fecha y garantizar que sirva para preparar a las sociedades para los retos del futuro.

El acuerdo no es un tratado internacional, representa un marco de coincidencias entre todos los Estados de Naciones Unidas en el cual se busca cooperar y trabajar de forma conjunta para avanzar en los objetivos planteados. Una de las mayores tensiones que hubo en los diálogos en las negociaciones del pacto era la soberanía de los estados para decidir directamente sobre determinadas políticas y medidas legislativas relacionadas con las migraciones, ya que se planteaba la decisión de decidir quién puede entrar y quién no a mi país, por ejemplo.

El marco de cooperación que establece el Pacto se basa sobre los siguientes 23 Objetivos para la migración segura, ordenada y regular, como por ejemplo, Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica; como minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración; velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada.

Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular; facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente.

Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración; salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes; prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional y gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada, por mencionar los criterios fundamentales.

Sin embargo, los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones muestran que en lo que va de año 3,341 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo, la mayoría en el Mediterráneo, donde, 2133 personas se han ahogado intentando cruzar para alcanzar las costas europeas. Además, políticas como las del Reino Unido que tras tiempo de negociaciones, el jueves 14 de abril, el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson anunció la firma de un acuerdo con Ruanda para enviar a este país solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha buscando refugio en Reino Unido. Una decisión inédita en Europa que ha sido calificada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos como cruel e ineficaz. De esa forma, los solicitantes de asilo serán alojados a 6.400 kilómetros de Londres, en Ruanda, donde se examinarán sus solicitudes y, en el mejor de los casos, si se les concede el estatus de refugiado, será para residir en territorio ruandés, no para volver a Reino Unido. Esta política ha suscitado fuertes críticas contra el ejecutivo de Boris Johnson pero también debilitan .

El acuerdo se asemeja al enfoque de Israel y Australia hacia los refugiados, ya que entre 2014 y 2017, Israel mantuvo un acuerdo con Ruanda y Uganda. Sin embargo, casi todos los 4.000 solicitantes de asilo africanos que llegaron a estos dos países en el marco del acuerdo abandonaron Ruanda poco después de su llegada para luego emigrar a Europa a través de las redes de traficantes de droga.

De la misma manera, desde 2013, Australia envía a los refugiados que intentan ingresar al país en barcos a los centros de detención establecidos en Nauru y la isla Manus de Papúa Nueva Guinea, con mala fama por casos de acoso, suicidio, agresión sexual y problemas de salud mental. La inflexibilidad de las autoridades australianas aprovechan cada oportunidad para reiterar que nunca permitirán que las personas en cuestión ingresen al país, mientras ofrecen a los refugiados y solicitantes de asilo tres opciones: regresar al país de origen, establecerse en los países en los que se encuentran, Nauru y Papúa Nueva Guinea, o ser enviado a un tercer país.

Queda entonces al descubierto la enorme fragilidad del Pacto en vista de una medida que no solo atenta contra cualquier tipo de defensa de los refugiados, sino que se intenta promover un plan cruel y que debe ser replanteado y rechazado por ser impracticable y abusivo para cualquier persona migrante. De todas maneras, los países de América Latina y el Caribe tienen el desafío y deben aprovechar la gran oportunidad que representa este instrumento para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desde un enfoque de derechos humanos y con el objetivo de superar la desigualdad encontrando los mecanismos de consenso y acuerdo a nivel regional que puedan ayudar a resolver las distintas crisis migratorias.

*El Pacto Mundial de Migraciones y la reunión en New York. Una respuesta a la problemática vulnerabilidad en la emigración, el tránsito
y el retorno para América Latina.

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