Julio Maier tenía razón
Por Guido Leonardo Croxatto
Julio Maier sostuvo una disputa con Eugenio Zaffaroni durante mucho tiempo en Página/12 diciendo que había dejado de creer en el derecho. Y uno como abogado en estos momentos oscuros (tiempos de oscuridad, diría Arendt), cuando ve estas sentencias arbitrarias, que conculcan derechos políticos y que tienen una clara finalidad electoral (práctica que por desgracia no es nueva en nuestra región y que comienza con el derrocamiento de Zelaya en Honduras y sigue con el infame juicio político a Dilma Roussef, nadie juzga los delitos penal-económicos de Temer, Macri o Bolsonaro, sólo se juzgan los “delitos populistas” de Evo Morales, Correa, Lugo, Lula o Cristina) coincide con Maier en que el derecho ha perdido su razón de ser y de que los abogados y los jueces no defienden ya la justicia.
Ver cómo funcionarios, jueces, periodistas y agentes de inteligencia vuelan juntos en un avión privado invitados por un empresario británico a una residencia en el sur (donde Macri juega al golf), debiera causar, en cualquier país serio del mundo (donde se respeta en serio la integridad de las “instituciones”) indignación: es la muestra más abierta de falta de independencia y rectitud de los magistrados y funcionarios porteños. Es la falta también de rigor periodístico y jurídico. Escuchar a un juez diciendo a periodistas que hay que “ordenar bien el discurso” para justificar la dádiva que recibieron con semejante viaje a Lago Escondido, debiera resultar en sí mismo, para el propio poder judicial (que guarda silencio) una afrenta. No se entiende por qué calla nuestra Corte Suprema.
Como el magistrado que aparece en una audiencia con un mate del Liverpool, equipo que jugaba en la quinta de Macri, mientras se juzga a Cristina, el viaje a la casa de Lewis, amén del delito que configura, expone una práctica mafiosa, sectaria y política (y pro británica, agregaría Scalabrini Ortiz, profundizando un poco, se reedita el debate Canning o Scalabrini Ortiz). Muestra que gran parte del poder judicial está corroído por intereses espurios y prácticas (anti nacionales) que no tienen nada que ver con una administración de justicia seria e independiente.
Cuando Carlos Zannini fue arbitrariamente preso por una ley del Congreso, conculcando sus más básicos derechos, Maier escribió un artículo en Página/12 respondiendo a su pregunta: ¿por qué estoy preso? La respuesta de Maier a Zannini, como hoy la daría a Cristina, era clara: porque no hay Estado de derecho constitucional en serio en la Argentina. Porque hay jueces que operan para justificar lo injustificable: cárceles cableadas, prisiones preventivas ilegales, violando la constitución, el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio, la inconstitucional ley del arrepentido, que era parte de las cárceles cableadas, que daban marco a un proceso extorsivo: después de ser escuchados en la cárcel y grabados en forma ilegal, se les “sugería”, grabación en mano, que se auto imputaran: violando la Constitución. Esta degradación constitucional sucedió en democracia.
La inhabilitación para desempeñar cargos públicos es la parte más infame de la sentencia en la causa Vialidad. Como con Lula en Brasil, que fue preso por un departamento que no era de él, pero bastó el proceso en sí para correrlo de una escena electoral, a Cristina se le quitan, como reconoció el CELS, sus derechos políticos. Esta categoría hoy en desuso (no por casualidad) es de fundamental importancia. Antes Derecho Político era una materia entera y muy importante en las facultades. Hoy ha dejado de existir. Ha desaparecido de los programas de estudio. Este corrimiento no es un accidente. No es una casualidad. Es parte de un nuevo modelo corporativo de abogacía, donde se enseña (derecho económico, derecho comercial, derecho empresarial, pero ya no derecho “político”) a los y las abogadas a trabajar para los grandes intereses, para los grandes estudios y empresas (que litigan contra el Estado), para obtener grandes ganancias, pero no para defender a su país, su soberanía o su interés público (por eso el viaje a la quinta de Lewis, británico él).
En este marco, en esta mirada neoliberal (Law and economics), cualquier líder popular que tome medidas anti mercado, a favor de la igualdad o soberanía, será visto como un “populista” y casi como un “criminal” por el mercado mismo (apátrida) y por los jueces que se forman (en seminarios pagos en EEUU o en Lago Escondido) bajo esa mirada en apariencia “técnica”. En este enfoque, con el que se forman abogados y jueces (Posner, Coase, que tiene un paper titulado “El problema del costo social”, como si lo social fuera un “costo” y no un derecho y por este trabajito Coase, de la Universidad de Chicago, recibió el Nobel de Economía) ven no ya como “política” sino como “delito” cualquier medida social que “cueste”. En este enfoque, Correa, Evo, Lugo, Lula o Cristina, el Papa mismo, con su doctrina social, deben estar “presos” porque su “política” no es “pro mercado” y esa mirada pro mercado (Law and economics) es la mirada que adopta hoy el derecho como filosofía. Es el nuevo marco teórico. Es la nueva “ley” del derecho.
En la doctrina administrativista, el autor más importante, con cuya lectura se forman casi todos los abogados del Estado (paradójicamente, en universidades privadas y en posgrados pagos), Juan Carlos Cassagne, tiene un libro titulado El Estado populista. En las primeras páginas se refiere al “cáncer” del populismo en clara alusión al Viva el Cáncer de Evita. Otra mujer criminalizada y perseguida por combatir a los poderes reales.
El escándalo de Lago Escondido (donde Macri estaba jugando al golf cuando la jueza Capuchetti debía llamarlo para que declarara sobre la criminal deuda externa que contrajo su gobierno y cuyo destino aún no fue justificado, y ese desvío de fondos hacia bancos de inversión sí configura una clara y explícita administración fraudulenta en contra del Estado, pero como tomar deuda y hacer negocios financieros poco transparentes, de espaldas a la sociedad, es parte de la mirada “económica”, esos actos de defraudación no se ven como “delitos”) no es muy distinto de los fiscales y jueces jugando al fútbol en la quinta de Macri. Maier no vivió ninguno de estos hechos. Pero no es difícil saber cuál hubiera sido su conclusión en esta hora difícil: el derecho argentino no está en las mejores manos. No tenemos un Poder Judicial independiente ni serio. No existe la “justicia”.
Fuente: Página12